Tribunales Ambientales preparan documento para mejorar la Ley

Una etapa de evaluación de su puesta en marcha es la tarea que están emprendiendo los presidentes de los Tribunales Ambientales. Luego de que en 2012 se publicara la Ley 20.600 que crea estos tres organismos especializados que operan en Antofagasta, Santiago y Valdivia, estas instancias han debido sortear diversos aciertos y dificultades, por lo que estimaron que era el momento de hacer un diagnóstico que les permita realizar mejoras.

Para esto, el 6 y 7 de enero realizaron el Segundo Encuentro de Tribunales Ambientales, donde pusieron sobre la mesa las preocupaciones que quieren llevar a las autoridades. De entrada, el presidente del Segundo Tribunal Ambiental, Cristián Delpiano, señala que acordaron en la cita elaborar un documento común de diagnóstico de la ley 20.600 -que es posterior a la ley 20.417- y a partir de ese momento ver si Poder Ejecutivo y Legislativo pueden identificar posibilidades de mejora.

Para recorrer ese camino, acordaron diseñar un comité técnico, que es el encargado de preparar el documento, el que debería estar concluido el primer semestre de este año para ser validado por los tres Tribunales y posteriormente socializado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Corte Suprema).

“Después de 10 años de la Ley 20.417 y a siete años de la Ley 20.600, creo que siempre es bueno hacer una revisión de cómo ha ido funcionando, porque siempre hay posibilidades de mejora”, reconoce, agregando que “más que propuestas en concreto, tenemos que ponernos a disposición de las autoridades para colaborar”.

Aunque el documento está en proceso, los presidentes de los Tribunales Ambientales coinciden en algunas preocupaciones clave que deben estar contenidas, como el tema del sistema de nombramientos. Delpiano relata que su tribunal tiene siete años de funcionamiento y ya tiene una rotación completa de sus ministros, porque la Ley preveía que el máximo de duración de dos de sus integrantes fuera de seis años. “La preocupación que tenemos es el excesivo tiempo que ha tomado el proceso desde que se inicia en la Alta Dirección Pública -que es lo que prevé la Ley- hasta que finalmente se nombra por el decreto supremo que dicta el Presidente de la República”, dice, al tiempo que señala que esto también es gravitante en las otras dos sedes.

El presidente del Tercer Tribunal Ambiental, Iván Hunter, coincide en la preocupación por este tema y detalla que en este momento están trabajando con tres de los cinco ministros desde octubre, en circunstancias que durante el año pasado tuvieron un 69% más de ingresos de causas al Tribunal. “Eso evidentemente afecta a los tiempos de sentencias, tiempos de tramitación, etc”, enfatiza.

Frente a la propuesta para mejorar este aspecto, sostiene que “fue un tema bastante discutible, y llegamos al consenso entre los tres tribunales que no nos corresponde definir procedimientos ni plantear derechamente modificaciones al sistema de nombramientos, porque de alguna manera somos parte interesada en la medida que está la posibilidad de participar de nuestro propio proceso de reelección al cargo”.

El presidente del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, plantea tres ejes: cómo agilizar el proceso de nombramiento (donde se plantea eliminar el sistema de Alta Dirección Pública), abordar las inhabilidades por dos años después de desempeñarse en el cargo -exigencia que desincentiva a los postulantes-, y acotar los tiempos de nombramiento.

Delpiano destaca otros tópicos como la subrogación y la forma en que pueden ejecutar las resoluciones, especialmente en materia de demanda por daño ambiental.

Sobre la forma en que se podrían materializar estos cambios, Hunter sostiene que “hay algunos que requieren más voluntad política, y hay algunos que requieren modificaciones legales; el tiempo de nombramiento podría cortarse si los concursos de ADP comienzan con más anticipación”.